Madrid, Febrero de 1998.-
Estimada/o Sra/Señor:

Le escribo para comunicarle la situación que estoy atravesando y compartir algunas reflexiones.

Me llamo Sebastián Joaquín Ramos Mora, tengo 28 años y desde hace 9 años soy uno de los presos políticos de La Tablada en Argentina. Soy ciudadano español al igual que mis compañeros de detención, Antonio Puigjané, cuyo padre (catalán) fue desaparecido en 1972, y Luis Dario Ramos Salvetti de origen canario. Junto con nuestros otros compañeros estamos alojados en el piso 18 de la Cárcel de Caseros de la Capital Federal de Argentina. Esta cárcel es una de las peores del país, vivimos rodeados de mugre y humedad sin nunca tener la posibilidad de salir a un patio o de entrar en contacto con el sol.

Fuimos detenidos el 24 de enero de 1989 al intentar abortar un golpe de estado militar, que se gestaba en el cuartel de La Tablada. Es difícil explicarle a alguien que no vivió en Argentina en esa época, el por qué de esta acción. Sólo le aclaro que de 1983 a 1989 este país vivió cuatro (4) intentos de golpe de estado y que esta serie de atentados contra la democracia aparentemente terminaron en 1990. El último levantamiento militar fue reprimido por el actual presidente. De todas maneras no es la intención de esta carta polemizar sobre este punto.

Una aclaración necesaria que tengo que hacerle para evitar equívocos; el Movimiento Todos Por La Patria (MTP), que es el partido político al que pertenecemos NO ES una organización armada, no tiene brazo armado, ni siquiera es ilegal en Argentina. La acción de La Tablada es un hecho puntual ante una amenaza de golpista. El MTP no tuvo, ni tiene una táctica de lucha armada para la toma del poder. De hecho no hubo ninguna acción armada ni antes, ni después de la toma del cuartel.

Tanto Luis como yo estamos condenados a Cadena Perpetua. Puigjané, que es considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional, está condenado a 20 años. Hoy tiene 69 años. Fuimos juzgados en instancia única, en un juicio cuestionado por organismos de abogados y organismos de Derechos Humanos, tanto nacionales como internacionales. Cuando recurrimos a la Corte Suprema, ésta rechazó nuestro recurso por errores de forma, confirmó condenas a perpetuidad sin revisar el caso.

Cerradas las instancias nacionales, recurrimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH). el 22 de diciembre de 1997 este organismo hizo público un informe condenatorio para el Estado Argentino. En dicho informe la Comisión hace responsable al Estado Argentino de lo siguiente:

- El asesinato, después de rendidos, de 9 compañeros. Uno de ellos era mi hermano Pablo Martín Ramos Mora, también español y del cual hay fotos del momento de su rendición.

- La tortura de todos los que estamos detenidos.

- La falta de 2da. instancia en nuestro proceso legal

- La falta de un recurso ágil y efectivo.

El informe finaliza recomendando al gobierno que:

a) Derogue la ley por la que fuimos juzgados

b) Cree una comisión independiente que investigue las violaciones a los Derechos Humanos.

c) Que repare a las familias de los compañeros asesinados y

d) Que repare nuestra situación.

Estando Presos desde hace nueve años la única reparación posible es la libertad.

Pese a que los estatutos de la CIDH y los tratados de Derechos Humanos de la OEA forman parte de la Constitución Argentina desde 1994, el gobierno no muestra intenciones de cumplir recomendaciones de este organismo. Hasta ahora no ha cumplido ninguna.

El Ministro de Justicia argentino, que visitó recientemente España, en reunión con organismos de Derechos Humanos locales, por este tema se mostró reticente al cumplimiento de las recomendaciones. De hecho seguimos detenidos y en las mismas condiciones de antes de la publicación del informe.

En el caso de Luis Ramos Salvetti y el mío, se suma que desde 1993 tenemos solicitado nuestro traslado a España para el cumplimiento de la pena allí. El traslado fue aprobado en España en 1993, pero las autoridades de aquí complicaron los trámites. Cuando ya estaba todo aprobado, inclusive por el Ministerio de Justicia Argentino, surgió lo que parecía una disputa por ver quien era la autoridad de aplicación del traslado en la Argentina. Un tramite que en otros casos lo resuelve el juez de ejecución, en nuestro caso llegó a la Corte Suprema, pasando por la Cámara de Casación y por el Procurador General de la Nación. Después de tener la causa un año cada uno, fallaron a nuestro favor. Aún así el tema lleva casi un año en la Corte Suprema sin visos de solución. El gobierno no sólo no nos libera, como pide la CIDH, si no que pone trabas a nuestro traslado. Parece claro que en este país somos perseguidos políticos y por lo tanto no podemos esperar justicia.

Le escribo para pedirle que intervenga ante el gobierno argentino por nuestro caso. Sin mayor presión de la que ha habido y que desde ya agradecemos mucho, seguiremos en la misma situación.

Mis padres, que viven en Madrid, ya no saben que más hacer para que algo cambie, por eso le pido que nos ayude. De España hemos recibido mucha ayuda pero se ve que aún así, no ha alcanzado.

Lo único que le pido es que intervenga solicitando que se cumplan las resoluciones de un organismo de la OEA y se cumpla un Convenio sobre traslado de condenados entre España y Argentina, nada más.

Si desea el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA o más información sobre el caso, puede contactar con mis padres:

Marta Mora: [email protected]

Pablo Ramos, [email protected]

Desde ya agradezco su atención y le pido disculpas por el tiempo que le he robado.

Atentamente,

Sebastián Joaquín Ramos Mora

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